Derecho a la ciudad, derecho a la movilidad.

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·Audio derecho a la ciudad, derecho a la movilidad

PONENTES:

Sobrevivir no es delito. Malick Gueye Ly, autoorganización de manteros y lateros para una lucha común por el derecho a la ciudad (ASPM y Sindicato Mantero y Latero)

PNL por la despenalización del Top Manta. Ione Belarra (Diputada de UP)

Por un Madrid para todos y todas.Khadydiatou Camara y Sara Bourehiyi (Asociación Universitaria de Afrodescendientes, Kwanzaa)

Seguridad colectiva vs políticas securitarias, Débora Dávila y Sergio García (Observatorio Metropolitano)

La salud: un derecho universal en peligro de extinción.Iñaki Ortiz (Yo Sí Sanidad Universal)

Niños y niñas no acompañadxs en Madrid. Patricia Fernández (Coordinadora de Barrios)

Refugees Welcome. Pedro Arce (Red Solidaria de Acogida).

El derecho a la ciudad en un sentido amplio debe pasar por la existencia y la vida.

Sin embargo, a menudo las ciudades son espacios de conflicto, que en ocasiones pasan por la disputa del espacio público o el reconocimiento del derecho a habitar o el derecho a existir. Las ciudades están atravesadas por fronteras interiores, o lo que es lo mismo, por diversos dispositivos que impiden o bien habitar el espacio público, o bien moverse libremente a aquellas personas percibidas como diferentes ya sea porque no nacieron en este territorio, ya porque, aun nacidas aquí y españolas, sus rasgos físicos les hagan pasar por extranjeras. Los derechos en función del genotipo segregan, mediante las políticas racistas de la administración o el racismo instaurado en la sociedad.

En este contexto, cuando pensamos en el derecho a la ciudad queremos recuperar el espacio público para todas las personas que habitan nuestras ciudades, con las que compartimos trabajo, supermercado, centros sociales y, en definitiva, vidas. Y la reivindicación de este derecho pasa necesariamente por analizar las políticas securitarias, que no sólo segregan el espacio público, sino que confieren más derechos al capital que a las personas. Para ello, es necesario analizar cuál es el papel de los dispositivos policiales en este nuevo diseño de ciudad que pretende ceder espacios a las grandes corporaciones en detrimento de los derechos laborales y sociales de las personas.

Una de las manifestaciones de esta transformación es el papel que juega el ordenamiento jurídico al elevar al código penal la venta de propiedad intelectual o industrial, que se realiza en la manta, penalizando de este modo la pobreza y a quien intenta sobrevivir haciendo frente a la misma globalización que le obligó a migrar. Ante esta situación, los procesos de organización de manteros y de lateros muestran una salida que pasa en primer lugar por la despenalización de la manta, poniendo fin a multas y penas de cárcel.

Pero las fronteras interiores, como se ha señalado antes, también se expresan en el racismo social que hace diferentes a las personas que, aun habiendo nacido aquí o ya nacionalizadas, no tienen la suficiente blanquitud para ser consideradas iguales. La sociedad de nuestras ciudades es claramente mestiza, igual que lo fue la construcción de Madrid con lenguas y esfuerzos de distintos territorios mezclados en el crisol migratorio del campo a la ciudad. Actualmente la pelea porque todos y todas seamos incluidas desde nuestras diferencias y diversidades, a la par que con pleno acceso a los derechos, pasa por erradicar cualquier forma de racismo.

En los últimos tiempos la Europa Fortaleza ha mostrado su lado más cruel, resultado no de una política concreta de cierre de fronteras ante la llegada de refugiados y refugiadas, sino más bien dando un paso más en el retroceso de derechos que se ha ido consolidando en los últimos años, convirtiéndose en el caldo de cultivo del racismo y la intolerancia. Este cierre que en los últimos tiempos ha sido más mediático y, por tanto, más visible, no es si no la continuación de la política de fronteras que ha convertido el Mediterráneo en una gigantesca fosa común.

Por esto, y puesto que la democracia empieza en lo cercano, consideramos que desde las instancias locales deben combatirse aquellas políticas que nos segregan, que no nos permiten acceder a derechos sociales como la sanidad, que nos impiden habitar las ciudades en igualdad de condiciones y con plenos derechos.

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